Acusan a Rodríguez Saá de querer despojar a una firma

Acusan a Rodríguez Saá de querer despojar a una firma

Dos Anclas denunció que intentan quitarle una salina.

Con una escueta comunicación a la Bolsa de Comercio porteña, la Compañía Introductora de Buenos Aires (CIBA), más conocida por la marca de sal y de condimentos que produce –Dos Anclas–, intentó llevar a la superficie un conflicto que mantiene con el gobierno de San Luis.


CIBA denunció que una empresa provincial con capital mayoritario del gobierno puntano, capitaneada por un funcionario de la administración de Alberto Rodríguez Saá, quiere despojarla de gran parte de un yacimiento de sal que explota desde 1917.



“Venimos a informar [...] que nuestra compañía es objeto de diversas maniobras tendientes a despojarla de sus legítimos derechos sobre los yacimientos mineros de sal ubicados en la Laguna del Bebedero, provincia de San Luis”, dijo la firma en la comunicación a la Bolsa a principios de este mes.


“Sucede que una empresa mixta con capital mayoritario del estado provincial ha peticionado y registrado pertenencias mineras de sal que se superponen en un 90 por ciento con las de nuestra empresa”, dijo Raúl Mosquera, gerente general de la compañía.



Desde San Luis, el interventor en la Dirección de Minería, Jerónimo Castillo, reconoció ayer en diálogo con LA NACION que la empresa San Luis Constructora Sapem, que preside el actual ministro del Capital puntano, Alberto José Pérez, está en condiciones de explotar parte del yacimiento de Salinas del Bebedero porque “está cumpliendo con todos los plazos legales para acceder a la concesión”.



En minería, cualquier particular que descubre un yacimiento puede recurrir al Gobierno para que le otorgue el permiso de concesión. En este caso, Sapem sostiene este argumento. Según el funcionario, el otorgamiento de los permisos correspondientes se basa sobre el estudio de las coordenadas de un mapa con 34 años de antigüedad, del que se desprende que el sector por explotar no pertenece a CIBA.



“Nunca tuvimos problemas con el gobierno –dijo Mosquera–. Desde 1917 explotamos esas salinas y en 1941 compramos los terrenos a los anteriores propietarios. La verdad es que esto no se entiende demasiado.




Vamos a defendernos en la Justicia.” Sorpresas en el expediente Castillo, por su parte, relató que el conflicto con CIBA, que elabora la sal Dos Anclas, se inició cuando como interventor había comenzado a revisar los expedientes de la dirección y encontró con sorpresa que una empresa con más de 60 años en el medio poseía un expediente de dos cuerpos y un tercero de pocas hojas.




De la constatación de esa documentación habría surgido, prima facie, faltantes de fojas y discontinuidad en las actuaciones.



Ante esa situación, dictó una resolución para que el archivo buscara toda la documentación relacionada con el expediente y estableció un término de 15 días para que las partes acompañaran la documentación que permitiera esclarecer las relaciones del estado provincial con el concesionario.



“Les doy la oportunidad para que me ayuden y se ayuden acompañando lo que se pedía, en paridad de condiciones con otras empresas que presentaban una situación parecida”, afirmó Castillo.



“Pero la empresa no me aporta nada, en su lugar me presenta un recurso quejándose por la resolución y afirmando que lesiona sus derechos, ocasionándole perjuicios irreparables que omite nombrar”, se quejó. Mosquera, en tanto, aseguró que CIBA se había enterado de lo que sucedía por una publicación en el Boletín Oficial provincial.



“Nunca tuvimos una reunión por este tema”, se alarmó. La disputa no es la primera que tiene la empresa con el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.




El yacimiento de sal más importante del país ya estuvo amenazado, a mediados de 2004, por la construcción de un canal de 23 kilómetros destinado a transportar agua desde el río Desaguadero hasta la laguna del yacimiento.




La polémica obra pública, que fue expresamente encarada por la administración puntana, provocó el reclamo de CIBA, ya que si se hubiese construido el canal el yacimiento se habría vuelto improductivo.




Finalmente, el conflicto se zanjó y el canal no se construyó.



Pero en esta nueva arremetida el gobierno de Rodríguez Saá parece haber jugado una carta fuerte: pedir la concesión de un yacimiento que se explota desde hace casi 90 años.



Por Diego Cabot De la Redacción de LA NACION Con la colaboración de Claudia San Martín, desde San Luis

PUNTANIA : de la In...Justicia

- y eso que la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado Kristina Fernández los retó y dijo que no era necesario la intervención al Poder Judicial de la provincia -

PUNTANIA : de la In...Justicia

Colegio de Abogados de San Luis

Habiendo tomado conocimiento de las manifestaciones vertidas por el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia, Ab. Ernesto Alonso y por el Sr. Ministro de la Legalidad del Gobierno de la Provincia de San Luis, Ab. Gonzalo Estrada; en relación a la disconformidad del Poder Ejecutivo Provincial causada por una supuesta resolución judicial adversa a sus intereses; el Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis, en estricto cumplimiento de las funciones que legalmente le han sido asignadas, entiende necesario fijar de manera clara e inequívoca su posición frente a lo que se considera una grosera como inaceptable intromisión de un Poder del Estado en el área específica de competencia de otro; un injustificable ataque al equilibrio de Poderes, único garante de la existencia misma de la República.



En tal sentido estima oportuno poner de manifiesto, que de ningún modo se puede tolerar o aceptar, que funcionarios del Ejecutivo Provincial, los que por su grado o rango deberían ser portadores de un grado especial de mesura y responsabilidad, ante la noticia de una resolución judicial adversa, ataquen la investidura del Órgano Judicial que la habría emitido.



Mucho menos se podrá permitir que, el ataque referido se realice en circunstancias que evidencian un grado preocupante de vulgaridad que torna a sus emisores en indignos de ocupar un cargo en un Poder del Estado. Expresamos nuestro más firme y enérgico repudio a esta manera de ejercer la función pública.



Por ello, conminamos al Poder Ejecutivo de la Provincia de San Luis, a obrar en el marco de la ley, respetando la dignidad, majestad e independencia del Poder Judicial.



Si los funcionarios que mencionamos en este comunicado tienen razones para rechazar lo actuado por un Juez, están obligados a recurrir, como corresponde a cualquier ciudadano, al Jury de Enjuiciamiento de Magistrados.



La abogacía organizada de San Luis, espera del Sr. Gobernador una clara definición en relación al obrar antirrepublicano del Ministro de la Legalidad y del Fiscal de Estado de la Provincia.



Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, octubre de 2006